miércoles, 27 de julio de 2016

Sentidos dados por sentados

Ricardo Goldberger muestra de qué manera naturalizamos en la práctica el uso de determinados términos dando por sentado significados que no corresponden.

Por Ricardo Goldberger *
Si hay algo que estos últimos años nos enseñaron a los ciudadanos y, especialmente, a los periodistas (por lo menos a algunos), es a no creer ciegamente en lo que publican los medios, a poner a prueba la verosimilitud de las declaraciones, afirmaciones o citas supuestamente textuales.
Sin embargo, ya sea por falta de una masa crítica o porque sus significados están muy incrustados en la conciencia pública, todavía hay palabras, términos o frases que se naturalizan, que se aceptan sin un mínimo de duda o reparo. Vamos a utilizar dos ejemplos que, de alguna manera, están relacionados entre sí, para mostrar a qué nos referimos cuando decimos que hay significados que no debemos dar por sentados, sólo porque se dicen en los medios.
¿De qué hablamos cuando hablamos de “empleo genuino” o “empleo de calidad”, por ejemplo? Una primera acepción proveniente de los medios dice que el empleo genuino o de calidad sólo es provisto por el sector privado. Por oposición, el empleo que ofrece el sector público es “político” o “militante” o, en el mejor de los casos, una prebenda.
La primera respuesta que se me ocurre es que cuando un médico de un hospital público, un policía de una fuerza pública o el operario de la planta de transmisión de la radio pública hacen su labor, es que tienen un trabajo genuino.
Pero vayamos a otro caso. No se me ocurre cómo el recepcionista de algún ministerio que recibe una carta o admite la entrada de un visitante, cómo el guía del Museo de Ciencias Naturales de Parque Centenario que explica sobre fósiles, o cómo el empleado del Anses encargado de supervisar la entrega de las tarjetas Argenta, no están haciendo un trabajo genuino.
Más aún, si de “programas sociales” se trata, tampoco me explico cómo el trabajo que el empleado de Atajo (el Programa de Acceso a la Justicia) hace para que algún vecino de una villa acceda al servicio legal o cómo el técnico del INTA que capacita a los integrantes de una huerta familiar, podría no ser “genuino” o “de calidad”, especialmente si cumple con su finalidad.
Vinculada con esta frase que hemos estado comentando está esta otra: “Gasto público”.
Siguiendo el mismo razonamiento que hicimos anteriormente, habitualmente leemos, escuchamos o vemos que se menciona “gasto público” como algo negativo, algo que el Estado debe evitar aumentar o, incluso, hacer. Pero nos preguntamos, nuevamente, ¿pagarle el sueldo a los maestros y profesores, policías, médicos y enfermeras, recepcionistas de ministerios, empleados de mantenimiento y limpieza, guías de museos, técnicos de institutos, etc. para que ofrezcan sus servicios a la ciudadanía, es un gasto público negativo?
Sigamos con los ejemplos. Enviar partidas para escuelas, hospitales, centros de atención a la comunidad, ¿es un gasto público negativo, o es algo que debe hacerse porque es deber del Estado? Y cuando con el dinero del Estado (ese dinero de todos nosotros) se dan subsidios y créditos a tasas bajas para que los emprendedores familiares o los productores locales compren granos, fabriquen colmenas o planten arándanos, las pymes puedan comprar o renovar sus maquinarias o haya adultos que puedan terminar sus estudios o familias que puedan construir sus casas, ¿es “gasto público” negativo?
Claro, aquí probablemente nos estemos metiendo en un problema ideológico. No recuerdo en este momento quién lo dijo, pero fue más o menos así: “lo que para algunos es inversión, para otros es gasto”. Pero si ese supuesto (mal) gasto logró que esa emprendedora pueda salir a vender sus mermeladas de arándanos a sus vecinos o que ese chico se haya podido recibir de bachiller, o que esa fábrica de accesorios para bulones haya podido colocar su producción en un taller de reparación de autoelevadores (caso que he conocido personalmente, dicho sea de paso), ¿es un gasto que el Estado no debería haber hecho o es una inversión que le mejoró la vida a un puñado de ciudadanos?
Podríamos seguir con otras palabras o frases cuyos significados negativos damos por sentados, como “política” (“este paro es político”, como su hubiera alguno que no lo es), “subsidios”, “esto es duro, pero hay que hacerlo” (¿por qué?). Pero para el propósito de esta nota, vayan estos dos botones de muestra de que hay términos que naturalizamos por la práctica, pero que no deberían ser dados por sentado.
Quizá el gasto público no sea tan malo sólo porque incluye la palabra “gasto” y es posible que el empleo público sea tan genuino como el empleo privado. Pero para saberlo deberíamos detenernos a ver quién lo dice, cuándo lo dice y por qué.
* Periodista científico, docente de Comunicación de la Universidad de Moreno.
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martes, 12 de julio de 2016

Lanzan una guía para que la comunidad afro haga valer sus derechos


Contra las detenciones racistas

La Guía de Recursos para Afrodescendientes explica cómo actuar ante detenciones arbitrarias. Está editada en varios idiomas e incluye una credencial para presentar ante la policía. Denuncian que Buenos Aires está siendo “un epicentro de violencia racista”.

Por Carlos Rodríguez
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Un enfrentamiento entre policías y miembros de la comunidad. Abajo, la credencial.
Con el objetivo de prevenir detenciones arbitrarias y casos de violencia institucional contra integrantes de la comunidad afroresidente en la ciudad de Buenos Aires, se presentó en la Legislatura porteña una Guía de Recursos para Afrodescendientes, para que tengan información sobre cómo actuar ante ese tipo de hechos. La guía, editada en varios idiomas, es acompañada por una credencial escrita en castellano mediante la cual los miembros de la comunidad procedentes de Senegal y otros países africanos pueden expresarse ante los agentes policiales, haciéndoles saber que tienen conocimiento de su derecho a que se les explique, en su idioma, “el/la supuesto/a delito o contravención” que se les imputa y si la intervención de la fuerza de seguridad es avalada por la autoridad judicial.
La credencial sirve también para que los ciudadanos de la comunidad que sufran un atropello le adviertan al funcionario policial interviniente que conocen el derecho que tienen de hacer un llamado telefónico para pedir ayuda. En la credencial tienen los números telefónicos de urgencia del programa de Acceso a la Justicia (Atajo) y de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura: 6089-9000 y 4338-3141, respectivamente.
La presentación de la guía fue hecha en la Legislatura por el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, José Cruz Campagnoli (Nuevo Encuentro-FpV); Julián Axat, coordinador del programa Atajo, y José Nebbia, de la Procuraduría Contra la Violencia Institucional (Procuvin), con la presencia de representantes de la Asociación de Residentes Senegaleses y la Comisión Organizadora del Día Nacional de los Afroargentinos/as y la Cultura Afro.
La guía surgió de un trabajo conjunto entre las instituciones mencionadas, con el objetivo de “prevenir los casos de detenciones, los hechos de violencia policial e institucional, el racismo, y las persecuciones que sufre la comunidad afro en la Ciudad de Buenos Aires”. La guía brinda recursos de actuación para afrodescendientes sobre cuestiones básicas acerca de “qué tipo de documentación y en qué casos” puede solicitar la policía. La guía está traducida al wolof (lengua hablada en Senegal y Gambia) y al francés.
La presentación de la guía fue hecha a cuatro meses del homicidio, en el barrio porteño de San Cristóbal, de Massar Ba, uno de los principales referentes de la comunidad senegalesa en el país. El dirigente fue asesinado a golpes en un hecho cuya investigación no ha tenido avance alguno. Campagnoli justificó la presentación de la guía “en un contexto donde aumentan los apremios y el hostigamiento de las fuerzas policiales”. Puntualizó que “es imperioso crear mecanismos de protección y garantías para los colectivos más vulnerados”.
El legislador explicó que el documento presentado para su utilización por parte de la comunidad afro “deja en claro que las fuerzas de seguridad no pueden recurrir al interrogatorio y, en caso de llevarlo adelante, los afrodescendientes sólo deben responder su identidad y no firmar ninguna declaración”. Campagnoli sostuvo que se trata de una guía que busca “la igualdad y la justicia”.
Carlos Alvarez Nazareno, de la Agrupación Xangó, destacó la importancia de la guía teniendo en cuenta que la ciudad de Buenos Aires está siendo “un epicentro de violencia racista”. En ese sentido, señaló que “Massar Ba fue un claro articulador y defensor contra el racismo y por eso es que pedimos justicia para que su asesinato no sea en vano”. Abba Goudiaby, de la Asociación de Residentes Senegaleses en Argentina, agregó que los miembros de su comunidad quieren vivir en el país “como cualquier persona, en tranquilidad y sin persecución; por eso levantamos la voz, para llevar adelante nuestra libertad”.
José Nebbia, de Procuvin, aseguró que la guía es “clave para saber qué pueden hacer si la policía quiere decomisarlos”, a la vez que actúa como “puerta de acceso a la justicia” para hacer prevalecer los derechos de la comunidad afro ante cualquier atropello. Por su parte, Julián Axat recordó que “Atajo trabaja desde hace dos años como observatorio de prácticas de acceso a la justicia” y precisó que el caso de Massar Ba, por ejemplo, se dio “en un contexto de persecución a la economía popular en la Ciudad”, centrada en los vendedores ambulantes. En ese marco “venimos detectando una persecución a la comunidad afrodescendiente contra la que, creemos, hay que tener acciones como la elaboración de esta guía”.
Otro de los asistentes a la presentación fue Luis Duacastella, defensor general adjunto en lo penal de la Ciudad, quien también se refirió al asesinato de Massar Ba. Explicó que la policía “no logró reunir ningún dato en las primeras 72 horas posteriores a su muerte”. Dijo que esa carencia “muestra una discriminación estructural y también la insensibilidad de los operadores judiciales, porque ahí radica la gravedad de haber perdido pruebas imporantísimas en la causa”.
epigrafe
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lunes, 11 de julio de 2016

Atheneadigital Vol. 16, N°2 (2016)

Tabla de contenidos

Artículos

Manuel Morales Valero, Jose María González González
3-31
Paula Analía Pochintesta
33-66
Dafne Muntanyola, Simone Belli
67-87
Felipe Tavares Paes Lopes
89-113
Bernardo Amigo, María Cecilia Bravo, Francisco Osorio
115-137
Jairo Enrique Gallo Acosta, Anika Quiñones Useche
139-168
Walter Couto, Fábio Morelli, Dolores Galindo, Leonardo Lemos de Souza
169-193
Cecilia Cross
195-214
Lohitzune Zuloaga Lojo
215-244

Ensayos

Salomé Sola-Morales
247-269
Flávia Cristina Silveira Lemos, Dolores Cristina Galindo, Renata Vilela
271-286

Carpeta

Sheila Hempkemeyer, Leandro Belinaso Guimarães
289-305
Luciana Kind, Rosineide Cordeiro
307-324
Emerson Rasera, Carla Guanaes-Lorenzi, Clarissa Corradi-Webster
325-347
Renata Patricia Forain de Valentim
349-361
Jacqueline Isaac Machado Brigagão
363-372
Dolores Galindo, Danielle Milioli, Ricardo Méllo
373-388
Thaissa Vasconcelos, Benedito Medrado
389-406

Reseñas

Imagen de portada
Reseña de Mendoza García (2015) Sobre memoria colectiva. Marcos sociales, artefactos e historia
Rigoberto Reyes Sánchez
409-415
Imagen de portada
Livia Motterle
417-420
Imagen de portada
Reseña de Platero (2015) Por un chato de vino. Historias de travestismo y masculinidad femenina
José Félix Mendiguren Abrisqueta
421-423

Tesisteca

Martha Patricia Romero Caraballo
427-4.5
Gorka Salces Alcalde
437-450
Felipe Corredor Álvarez
451-465


miércoles, 29 de junio de 2016

Durante 2015, 235 mujeres fueron asesinadas por ser mujeres, diez más que el año anterior

El horror de los femicidios puesto en números

Según el Registro de la Corte Suprema, en el 20 por ciento hubo denuncia previa. Al 70 por ciento, las mató un allegado. Al menos 203 niñas, niños y adolescentes quedaron sin madre. De los 235 femicidios, sólo 7 tienen condena. La mitad sigue en etapa de investigación.

Por Soledad Vallejos
Durante 2015, en Argentina 235 mujeres fueron asesinadas sólo por ser mujeres. En el 20 por ciento de los casos la víctima había denunciado previamente por violencia machista a quien terminó por matarla. Al 70 por ciento de ellas las mató un allegado, un varón en el que alguna vez habían tenido confianza. Los imputados fueron 236, y el 54 por ciento tenía entre 19 y 40 años al momento del crimen. En la mayoría de los casos, las víctimas tenían entre 21 y 40 años (el 43 por ciento del total), pero también hubo femicidios de adolescentes (el 11 por ciento de las víctimas tenía entre 16 y 20 años), niñas (el 9 por ciento tenía menos de 16 años) y adultas mayores (el 9 por ciento tenía más de 60 años). Por culpa de estos asesinatos, al menos 203 niñas, niños y adolescentes quedaron sin madre (en 55 femicidios no pudo establecerse la cantidad de hijos con precisión). De los 235 femicidios cometidos el año pasado, sólo 7 (el 3 por ciento) tiene sentencia condenatoria y el 51 por ciento sigue en etapa de investigación. Los datos fueron relevados por el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina, que por segundo año consecutivo elaboró la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema, y que permite, por mantener los criterios de elaboración y lectura de datos aplicados el año pasado, comenzar a ver panoramas, más allá de un año calendario (ver aparte).
El Registro es el único estudio oficial, y se realizó sobre la base de la información brindada por el Poder Judicial de cada provincia (“se contactó a las personas designadas por las máximas autoridades de los Superiores Tribunales, de las Cortes provinciales, de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional”). Fueran esas fuentes, precisamente, las que en Catamarca, Chubut, Río Negro y San Juan indicaron que en cada una de esas jurisdicciones hubo “0” víctimas de femicidio en 2015. Esos datos, sin embargo, presentan inconsistencias con el relevamiento realizado por la ONG La Casa del Encuentro y también con las coberturas que los medios locales realizaron durante el año pasado (ver aparte).
Los datos “fueron relevados entre los meses de abril y mayo de 2016” y “corresponden a los femicidios ocurridos durante 2015”, “hayan sido o no tipificadas como femicidio las causas”. En todos los casos, el informe consideró muertes violentas de mujeres perpetradas “por varones por razones asociadas con su género”. El estudio excluyó “las muertes violentas de varones” ocurridas en contextos de “femicidios vinculados”, y tampoco consideró los intentos de femicidio.
De acuerdo con el Registro, la jurisdicción en la que más cantidad de femicidios se cometieron el año pasado fue la provincia de Buenos Aires (98 casos), seguida de Santa Fe (43), Salta (15), la Ciudad de Buenos Aires y Córdoba (10). En tanto, evaluado en términos de “víctimas cada 100.000 mujeres” (es decir, una suerte de tasa de femicidio), el distrito donde en 2015 resultó más peligroso ser mujer fue Santa Cruz (2,57 en función de esa tasa; 1 víctima cada 38.941 mujeres), seguido por Santa Fe (2,46; 1 víctima cada 40.580 mujeres), Salta (2,23 en proporción; 1 víctima cada 44.911 mujeres), Neuquén (1,6 en proporción; 1 víctima cada 62.275) y Formosa (1,38; 1 víctima cada 72.670).
Más de la mitad de los imputados en las causas fueron varones de entre 19 y 40 años (el 54 por ciento). El 28 por ciento tenía entre 41 y 60 años; en el 6 por ciento de los casos eran mayores de 60, e idéntica proporción tenía entre 16 y 18. Además, “hay un único imputado menor de 16 años”, mientras que en el 6 por ciento de los casos no hay información disponible.
Sólo en el 5 por ciento de los 235 femicidios registrados por la Justicia el año pasado los victimarios fueron varones a quienes las víctimas no conocían. En el 70 por ciento, los femicidas eran allegados a las mujeres asesinadas: en el 58 por ciento de los casos, las mujeres murieron a manos de parejas, ex parejas, novios, maridos y convivientes; en el 12 por ciento, los victimarios eran familiares de las víctimas. En el 17 por ciento de los casos, los imputados fueron “conocidos” de las víctimas. El Registro advierte que “no se dispone de datos para dar cuenta del vínculo entre víctima e imputado en el 8 por ciento de los casos”.
Por los 235 femicidios, “al menos 203 niñas/os y adolescentes quedaron sin madre”. El cálculo no es preciso porque en 55 casos no pudo establecerse cantidad de hijas e hijos. De todos modos, señala el Registro, “debe recordarse que del total de víctimas 20 eran menores de 16 años y 22 superaban los 60 años”.
La Justicia ya dictó condenas en siete de los casos registrados (el 3 por ciento), mientras que en otro 3 por ciento hubo sobreseimientos “y no se registran sentencias absolutorias”. Además, “el 14 por ciento de las causas corresponden a otras formas de terminación del proceso durante la instrucción en la etapa oral”, como sucede en los casos de procesos abreviados. El 29 por ciento de los femicidios llegó a etapa de juicio oral “y hay al menos una persona sobre la que pesa la imputación”, pero en el 51 por ciento de los casos la causa sigue en etapa de investigación.
El Registro marca otro detalle nada menor para evaluar qué sucede con la protección de las mujeres cuando piden ayuda: “al menos el 20 por ciento de las víctimas había denunciado previamente por violencia de género al imputado”. En el 27 por ciento de los casos consta que no hubo denuncia, pero “en el 53 por ciento no fue posible constatar este dato”.
svallejos@pagina12.com.ar
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martes, 28 de junio de 2016

Radiografía del vínculo entre los adolescentes y las redes

Cuatro de cada diez se encontraron con alguien que habían conocido en la web

Casi la mitad configura su perfil de manera abierta. Y el 80 por ciento dice haber vivido al menos una experiencia negativa. Son datos de un estudio presentado por Unicef sobre el uso de Internet por parte de jóvenes de entre 13 a 18 años. Los riesgos, la familia.

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Seis de cada diez de los más de 13 millones de niños, niñas y adolescentes argentinos “se comunican usando celular”, mientras que “ocho de cada diez usan internet”, de manera tal que “la tecnología atraviesa su existencia e impacta en sus modos de conocer, expresarse, divertirse y comunicarse”. Los datos fueron dados a conocer por María José Ravalli, especialista en Comunicación de Unicef argentina, al presentar el estudio “Kids Online/ Chic@s Conectados. Investigación sobre percepciones y hábitos de niños, niñas y adolescentes en internet y redes sociales”. En Argentina, donde el estudio se hizo entre agosto de 2015 y abril de 2016, se procesaron más de mil entrevistas a jóvenes de entre 13 y 18 años. Ocho de cada diez entrevistados dijeron haber vivido al menos una situación perturbadora, el 37 por ciento de ellos por la exposición de imágenes obscenas o pornográficas. Y casi el 40 por ciento se encontró cara a cara con alguien que había conocido en la web.
El trabajo forma parte de la iniciativa Global Kids Online (GKO), que busca “fortalecer el conocimiento sobre el acceso, oportunidades, riesgos y seguridad de niños, niñas y adolescentes en relación con los medios sociales e Internet”. Las entrevistas incluyeron grupos focales con chicos, chicas, padres y madres.
Ravalli destacó que “para los chicos y chicas, los medios digitales son un modo habitual de comunicación y de interacción con el mundo” a través de actividades tales como “chatear, jugar en línea, buscar y compartir información y contenidos”. Se trata de “acciones cotidianas en sus vidas y, en definitiva, del ejercicio de su ciudadanía digital”. La mayoría se conecta a Internet por medio del celular, utiliza las redes sociales para intercambiar mensajes con amigos y en un 80 por ciento de los casos usa la red para hacer tareas escolares. El estudio indagó sobre “el acompañamiento en la web que dan las familias y las situaciones de riesgo” en el mundo online.
La iniciativa Global Kids Online (GKO) es impulsada por la Oficina de Investigación de Unicef; The London School of Economics y la Unión Europea KidsOnLine. Según el trabajo, el promedio del primer ingreso a la web es “a los 11 años, una edad que está en descenso y varía según el nivel socioeconómico de las familias”. Si bien más de la mitad de los entrevistados de entre 13 y 15 años accedió a Internet entre los 7 y los 11 años, “entre los chicos de nivel socioeconómico alto el ingreso es a partir de los 7”.
Uno de los capítulos del estudio indaga sobre las experiencias negativas que les tocó vivir a los chicos en Internet. Ocho de cada 10 entrevistados vivió al menos una situación perturbadora como la exposición a imágenes obscenas/pornográficas (37 por ciento); de violencia (24 por ciento); bullying o maltrato (20 por ciento), y discriminación por distintos motivos (13 por ciento). Mientras tanto, uno de cada tres entrevistados recibió mensajes desagradables e hirientes por Internet en los últimos 12 meses.
La pregunta fue cuáles son las acciones que realizan los chicos cuando se enfrentan a este tipo de situaciones. Las respuestas fueron las siguientes: boquean a la persona que los perturba (65 por ciento); elimina sus mensajes (58 por ciento); ignora el problema (54 por ciento); tratan de que la otra persona lo deje en paz (51 por ciento). Sólo el 10 por ciento quiso vengarse. Muchos adolescentes manifestaron conocer gente a través de las redes sociales, aunque no todos acceden a un encuentro presencial con una persona conocida exclusivamente por esa vía.
Sí lo hizo el 38 por ciento de los entrevistados, que se encontró en los últimos 12 meses cara a cara con alguien que conoció primero por Internet. En esos casos, hay cierto consenso entre los jóvenes en que se deben tomar recaudos como pautar el encuentro en lugares públicos, en horarios diurnos, acompañados por un amigo o incluso por los padres.
El 56 por ciento de los adolescentes entrevistados que ve o experimenta algo en Internet que le molesta lo habla con un amigo. El 30 por ciento lo hace con alguno de sus padres, el 25 por ciento con algún hermano, el 24 por ciento con un adulto en quien confía y el 9 por ciento con un profesor. Casi el 70 por ciento de los chicos y las chicas cree que sus padres saben entre “más o menos y nada acerca de sus actividades en Internet y subestiman la necesidad de diálogo porque creen que sus padres redundan en cuestiones básicas que ya conocen o consideran que pueden aportar poco porque saben menos que ellos”. De todos modos, dicen acudir a la familia “ante situaciones de gravedad”.
Casi la mitad (47 por ciento) de los adolescentes que utilizan redes sociales configuran su perfil de manera que todo el mundo pueda verlo, mientras que el 33 por ciento la configura de manera que solo sus amigos lo puedan hacer. El aspecto polémico del fenómeno de la privacidad del perfil también fue un emergente en los focus group de adolescentes, y ambas investigaciones coinciden en que tal configuración depende en gran medida de la red social de la que se hable.
Los usuarios de Twitter son los que más configuran su perfil de manera pública (62 por ciento), seguido por los de Facebook (47 por ciento) e Instagram (41 por ciento). Los varones son los que mantienen su perfil público en mayor proporción y en lo que se refiere a la edad, los usuarios de menor rango etario (13 a 15 años) son los que mayormente configuran el perfil de forma pública en 4 puntos porcentuales más que los adolescentes de 16 a 18 años. Quienes configuraron su perfil de manera pública dijeron que lo hacen buscando obtener mayor cantidad de amigos, seguidores o likes, dato que habla de la necesidad de tener “popularidad”.
El informe señala que “a pesar de ser este un aspecto controversial, parece existir cierto consenso en que no todo lo que se sube a las redes debiera tener el mismo grado de privacidad”. De todas maneras, los consultados opinaron que no es lo mismo “compartir públicamente un número teléfono celular, la composición familiar o la ubicación de la esquina de la propia casa, que una foto con amigos”.
Bajo esta lógica “sería esperable que un perfil en Instagram o Twitter, por ejemplo, estuviera configurado de manera pública”. Dicho por los entrevistados “Instagram y Twitter da igual” porque “no hay posibilidad de tanto robo de identidad”. Una joven del grupo de entre 15 y 17 años, señaló: “Yo tengo todo público menos Facebook que es privado”.
Entre los padres, hubo respuestas heterogéneas ante la consulta sobre la configuración de privacidad del perfil en las redes sociales de sus hijos. Algunos dijeron saber “con seguridad que el perfil es privado, otros que es público” y otros no pudieron dar ninguna precisión. En general, “solo conocían el comportamiento en Facebook e ignoraban cómo habían configurado la privacidad” en otras redes sociales.
El 51 por ciento de los chicos y chicas usa Internet “todo el tiempo” y un 20 por ciento “más de una vez al día”. El 96 por ciento utiliza Facebook o Twitter, y el 82 por ciento utiliza WhatsApp. El 93 por ciento busca información en la red a través de Google o Yahoo! y el 80 por ciento usa Internet para hacer tareas escolares.

LA PROPUESTA DE UNICEF

Formar en la web

“Nosotros propiciamos una política nacional de alfabetización digital y mediática porque entendemos que es una herramienta indispensable para el acceso equitativo a la información y al conocimiento”, le dijo a Página/12 María José Ravalli, especialista en Comunicación de Unicef. En ese sentido, señaló que “una de las actividades destacadas por los adolescentes en las entrevistas es la visualización de videos en plataformas como Youtube, pero es baja la cantidad de chicos que estén capacitados para producir blogs, programar una página web o editan contenidos producidos por otros”. La recomendación de Unicef tiene por objetivo “expandir la formación en competencias vinculadas a la programación y a la producción de contenidos multimedia”.
Además de la “alfabetización digital”, Unicef propicia políticas públicas para “la inclusión digital, teniendo especialmente en cuenta a aquellos que están en mayor situación de vulnerabilidad, como los niños indígenas, los migrantes, los que están en situación de pobreza, los que viven en zonas rurales o tienen algún tipo de discapacidad”.
Ravalli consideró que es preciso instrumentar “una política nacional de alfabetización digital y mediática” que promueva la inclusión social porque hoy “los datos del acceso a los medios digitales señala una relación de dos por uno entre los sectores altos y medios en relación con los sectores de menor nivel económico”. Sostuvo que es una “política a desarrollar porque no se está aplicando en el sistema educativo y esto representa un verdadero desafío para la formación equitativa de niños y jóvenes en las 24 provincias”. Advirtió que para ello será necesario “avanzar en la provisión de equipamiento y planes de estudio”.
La experta de Unicef resaltó que la formación de los chicos y adolescentes “para poder afrontar con mayor conocimiento los riesgos y al mismo tiempo podrán tener acceso pleno a todos los beneficios que ofrecen los medios digitales para la formación de los jóvenes”. Unicef aboga también por “la concientización de las familias y de la opinión pública, en forma periódica y mantenida en el tiempo”.
En pos de ese objetivo de concientización, el estudio se presentó junto con una serie de videos producidos por la agencia Siete Peces que incluyen testimonios de figuras del espectáculo sobre sus experiencias en el uso de la tecnología junto a sus hijos. Ravalli afirmó que buena parte de los adultos “tienen una presencia que en muchos casos no va mucho más allá de aconsejar ‘no uses internet a la hora de la cena’ y es necesario la construcción de una conciencia que lleve a evitar los riesgos, pero al mismo tiempo al aprovechamiento pleno de todos los beneficios que ofrece el ecosistema digital”.

Pedido por el caso de Micaela

Un fiscal de Bahía Blanca solicitó la prisión preventiva del hombre detenido por el crimen de Micaela Ortega, la niña de 12 años que fue golpeada y estrangulada cuando fue al encuentro de su asesino, quien la engañó a través de la red social del Facebook haciéndose pasar por una chica, en esa ciudad bonaerense. El requerimiento fue realizado por el fiscal Eduardo de Lucía a la jueza de Garantías 1 de Bahía Blanca, Gilda Sthempelet, quien cuenta con un plazo de cinco días para definir la situación de Jonathan Luna (28), acusado de los delitos de homicidio calificado por haber sido cometido por alevosía, para procurar impunidad y habiendo mediado violencia de género, y captación de menor por medios tecnológicos con fines sexuales y robo. “Tenemos elementos suficientes para pensar que Luna es el autor del hecho y, por la gravedad de la pena que tiene en expectativa y porque ha sido declarado rebelde y tenía pedido de captura y condena anterior, pensamos que se puede fugar, por lo que pedimos que esté detenido hasta el juicio”, explicó el fiscal.

Una campaña para prevenir

El Ministerio Público Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires lanzó la campaña “L@s chic@s y las redes”, a través de la cual busca concientizar acerca de las precauciones que hay que tomar a la hora de utilizar Internet. La campaña está dirigida a chicas y chicos, pero también a adultos, describe consejos básicos que pueden aplicarse cada vez que se ingresa a una red social, como configurar las opciones de privacidad o no usar la cámara para chatear ni compartir datos o fotos íntimas con desconocidos, y llama a tomar conciencia de que reenviar información privada de los demás puede resultar un perjuicio.
El Facebook del organismo (www.facebook.com/mptutelar) estará abocado a subir información sobre grooming, sexting, malware y ciber acoso. La campaña incluye el número 0800 12 ASESORÍA (27376), una línea telefónica gratuita y confidencial de orientación y asistencia por los derechos de niñas, niños y adolescentes y de personas con padecimiento en su salud mental.
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